¿Nuevo Ministro de Energía o Energía de última Longueira?

 

Pablo Longueira es el sexto Ministro de Energía de facto en menos de 3 años. Siete en estricto rigor, si agregamos a Marcelo Tokman, miembro del CADE (Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico) del gobierno actual. Todos comparten un modelo de desarrollo eléctrico que desde el punto de vista energético, de la competitividad, y ni qué decir de la sustentabilidad, clama por su cambio.

Conocido su prontuario privatizador, el nombramiento de Longueira tiene tres propósitos inmediatos: imponer la “agenda eléctrica” de las grandes eléctricas, “reparar” errores técnicos de parte de los fugaces Ministros que se han sentado en el sillón ministerial y, finalmente, amarrar y fortalecer ciertos nichos estratégicos con medidas irreversibles a meses de una próxima elección presidencial.

 

Sólo cabe a ilusos afirmar en este contexto que Chile tiene política energética. O a los francamente comprometidos con el modelo. Con este modelo. El gobierno actual reprueba en energía: Chile es más vulnerable y dependiente, posee una energía cada vez más cara, el aumento de precios de la energía es sostenido y la carga de ésta en los presupuestos familiares y Pymes se acrecienta. Somos menos competitivos según empresarios mineros, los proyectos se judicializan, las cuencas y territorios comienzan a mostrar signos evidentes de agotamiento y el fomento de las opciones sustentables son meros saludos a la bandera.  

 

También en ese contexto, la obscena colusión entre consorcios y cadenas de la prensa nacional (dos) y “expertos” -casi todos del CADE-, de eléctricas o energéticas, resulta grosera e impúdica. Titulares y editoriales de estas cadenas pregonan con ritmo de letanía: cortes de suministro a la vuelta de la esquina; sugerencias de todo tipo voceadas por responsables de megaproyectos; livianas entrevistas a ex - Presidentes de países vecinos involucrados en juicios por corrupción; cuestionamiento a las causas e incluso el fenómeno mismo del cambio climático; lo caras que son las renovables; pomposos anuncios de medidas y eventos relacionados con el uso eficiente de la energía que ni siquiera rasguñan la matriz energética; insistentes prestaciones de técnicos y académicos nacionales a favor del lobby nuclear, y una larga lista de etcéteras, que resultan francamente irritantes, por lo falsas, orquestadas, erróneas y desinformadoras de la realidad energética nacional e internacional.

El nombramiento de Longueira como Ministro de Energía de facto es acorde a las circunstancias: les queda poco y deben amarrar carreteras eléctricas, interconexiones y megaproyectos. Paradójicamente además, lejos de jugarse en el ámbito técnico como siempre han defendido los técnicos y expertos del CADE, de la Alianza y pías Universidades, se la jugarán en el ámbito político –léase Parlamento– relegando al consumidor y al ciudadano a la categoría de rehén al que nos han conferido las reglas del juego de un modelo de desarrollo energético implantado por más de cuatro décadas.

 

Mal, todo mal: la energía de última hora, es cara, impopular e ineficiente, Ministro Longueira. Eso si, la pagaremos todos los que estamos al frente. O sea la mayoría. Las reglas del juego de los mercados energéticos deben ser cambiadas. Y sus Ministros de facto y defensores del modelo también, para beneficio del país, del medio ambiente, de los ciudadanos y, también, de las empresas eléctricas y la industria nacional, pero sobre bases más justas, equitativas y sustentables.

Chile un país sin política energética

La urgente necesidad de cambiar las reglas del juego:

nuestra PROpuesta energética

Marco Enríquez- Ominami

Candidato Presidencial del PRO

Miguel Márquez

Asesor en Energía del PRO

(publicada en El Mercurio, domingo 2 de diciembre)

Chile carece de política energética: el rechazo a Hidroaysén, Barrancones, la judicialización del desarrollo eléctrico que denunciamos desde hace años, los 5 ó 6 Ministros en menos de 2 años y gas, el sostenido aumento de las tarifas eléctricas y de los precios de los derivados del petróleo; la declaración de zonas saturadas o latentes en más de una treintena de ciudades, entre la VI a la XI regiones, el aumento de la dependencia y vulnerabilidad de nuestra matriz y, el aporte creciente  de emisiones de CO2 al cambio climático, son parte de una larga lista de hechos que dan cuenta de la ausencia de política energética y de propuesta estratégica alguna. Esta falta de política energética no se transforma en colapso cada 4 años porque el costo de éstas las pagan las Pymes, la gente y el medio ambiente. El marco regulatorio, heredado de la dictadura y prácticamente inalterado durante los gobiernos democráticos, se ha encargado de consolidar(nos) como rehenes en lugar de consumidores o ciudadanos.

 

Proponemos: cambiar el más vendo más gano hoy imperante por el mejor usamos la energía más ganamos todos, cambiar el tarifado y procesos de formación de precios de la energía (incluyendo el SIPCO), el masivo fomento de las energías renovables (a diferencia del actual gobierno que desconoció sus propuestas iniciales del 20% a 2020), cambiar los métodos de evaluación ambiental de los megaproyectos energéticos, sentar las bases para un cambio de la matriz energética, sucia y cara, por otra limpia y menos vulnerable, y, finalmente, fomentar una participación informada de la gente en la toma de decisiones respecto de éstos. En suma, proponemos cambiar las reglas del juego de los mercados energéticos, única opción de enfrentar adecuada y oportunamente los desafíos energéticos, ambientales y de competitividad.

Nuestra propuesta tiene los siguientes objetivos: i) asegurar un abastecimiento oportuno y a costos razonables; ii) reducir la vulnerabilidad y dependencia; iii) mejorar la competitividad; iv) incluir y considerar los impactos ambientales en los precios de la energía; v) transparentar mercados energéticos y fomentar la competencia; vi) contribuir a la equidad y facilitar el acceso a la energía a los sectores desfavorecidos de la población, vii) estimular y fomentar la participación informada de la gente, y finalmente, viii) asegurar liderazgo del Estado y establecer una mayor simetría y coordinación entre políticas económicas, ambientales y energéticas.

Para el logro de estos objetivos destacamos las siguientes medidas:

1.                  Negawatts o Negajulios, más con menos: será punta de lanza de nuestra política energética, el uso eficiente de la energía y las energías limpias y verdes, de las que destacan la gestión de la demanda y especialmente las medidas de carácter estructural que apuntan al cambio en los patrones de consumo energético.

2.                    Suministro de energía seguro basado en energías convencionales y no convencionales:se establecerán los instrumentos de mercado y de política de fomento para asegurar la transición de una matriz sucia, cara y dependiente en el suministro de energía de fuentes convencionales a nuevas fuentes de energía que nos permitan instalar una matriz limpia y a costos razonables. Un 30% de la matriz energética al 2025 estará basada en energías renovables.

3.                  Programa de Leña Sustentable: que cubrirá al 2025 la mayor parte de los requerimientos de calefacción y agua caliente de las regiones VI a la XI. En 4 años lograremos desarrollar modelos de gestión de la calefacción y del agua caliente que permitirá sacar a la mayor parte de las ciudades y localidades declaradas zonas saturadas o latentes por partícula fina y gruesa derivado del uso de leña húmeda y de estufas ineficientes en viviendas mal aisladas.

4.                  Programa de Transporte  Sustentable: Nuestro foco estará puesto en el transporte público de la RM y de provincias. Al 2030, el transporte será el sector responsable del 40% del consumo de energía y nadie en Chile evalúa de manera rigurosa las opciones que tenemos, por ello sentaremos las bases  para el desarrollo de un sistema de transporte sustentable, fomentando proyectos pilotos a partir de nuevas tecnologías, modelos de gestión y de negocios, a partir de nuevas fuentes de energía, como el hidrógeno, así como la adopción de instrumentos de desarrollo urbano y espacial que considere la energía y el medio ambiente en los sistemas de transporte público y privado.

5.                  ENAE: Impulsaremos la creación de la Empresa Nacional de Energía que tendrá como objetivo esencial “abrir” mercados y desarrollar nuevas tecnologías y fuentes de energía para luego estimular la entrada de privados (Pymes).

6.                  Investigación y Desarrollo (I&D):  instalaremos condiciones sin precedentes para mejorar, crear y desarrollar nuevas fuentes de energía y nuevos materiales, nuevas miradas y nuevos modelos de negocios, mejores y más transparentes mercados así como personal científico y técnico para el desarrollo de estas nuevas opciones.

La experiencia a nivel mundial, en especial de los países de la OCDE, dan cuenta que las verdaderas y más eficientes respuestas a los desafíos energéticos y ambientales no se encuentran necesariamente en una mayor oferta de energía, sino en el tipo de ciudades que alentamos erigir, en las construcciones térmicamente eficiente que propiciaremos, así como los cambios de procesos que fomentaremos a nivel industrial y minero. No habrá cambios en las reglas del juego en los mercados energéticos nacionales sin cambio de responsables de la política energética que luego de más de 40 años, han sido incapaces de asumir responsablemente los desafíos ambientales, de desarrollo, de equidad y de competitividad que reclama una energía limpia, accesible, segura y de costos razonables.

Matías colabora desde hace poco como investigador en la Universidad de California, Berkeley, y obtuvo su Phd hace sólo semanas. El presente artículo sólo duró un día en la sección blog de la Tercera, coincidiendo con un segundo editorial en ese diario favorable a esta (n)opción.

 

CHILE Y LA OPCION NUCLEAR

 

Matias Negrete-Pincetic,

Ph.D. en Ingeniería Eléctrica,

University of Illinois at Urbana-Champaign

Investigador, University of California, Berkeley.

Sumado a una seguidilla de desafortunadas decisiones tomadas por el actual gobierno en temas energéticos: modificar la promesa de tener una meta para ERNC de 20% a 10% al 2020, reducir el presupuesto de la agencia de eficiencia energética, y proponer un plan para el desarrollo eléctrico sin objetivo estratégico concreto, se suma el anuncio de retomar los estudios para implementar la energía nuclear para la generación de electricidad en Chile.

Este anuncio ha sido recibido con aplausos por diversos sectores que siempre han presentandola idea de una planta nuclear en Chile como una de las posibles soluciones a todos nuestros problemas eléctricos. Lla atención la simplicidad y falta de humildad con que se emiten opiniones en un tema tan complejo como este que va mucho más allá del simple suministro eléctrico.

Mientras lo anterior sucede en Chile, el mundo está claramente moviéndose en otra dirección. En el caso particular de la energía nuclear, países como Alemania, Suiza, Bélgica e incluso Japón han entrado en una fase de reducción de su dependencia nuclear. En el caso alemán, por ejemplo, el objetivo impuesto es cerrar todas las plantas el 2022. De igual manera, la planificación y diseño de los sistemas eléctricos y de energía está sufriendo grandes cambios en sus paradigmas: moviéndose desde la idea de grandes plantas y generadores al nivel de transmisión, a generación distribuida, más cercana a los centros de carga y situada al nivel de la distribución; donde la aplicación de tecnologías de la información permitirán un control en tiempo real, haciendo más eficiente la operación e integración de fuentes renovables y sustentables. La implementación de estas tecnologías en el mundo industrializado ha hecho posible el surgimiento natural de nuevos modelos de negocios, donde por ejemplo, la participación activa de la demanda se incentiva y se fomenta.

En Chile, sin embargo, la opción continúa siendo la construcción de mega-centrales de todo tipo y en particular ahora nucleares, como la gran  solución a nuestros problemas energéticos. De paso, seguir con un diseño de mercado enfocado principalmente en la oferta, generando el perverso incentivo de “mientras más vendo, más gano”. El “mejor usamos la energía, más ganamos todos” no es algo incentivado en el actual modelo.

Los argumentos del porqué nuestro país no debiese considerar la energía nuclear son múltiples. Sin embargo, una de las razones más simples, pero a la vez profundas, esta basada en lo complicado de cuantificar el riesgo real de falla de un sistema altamente complejo como una planta nuclear, instalado en el país más sísmico del mundo.Muchos pregonan un falso estado de seguridad, usando “estadísticas” y análisis de riesgo disponibles como justificación. Sin embargo, es necesario mencionar, que expertos en el área de análisis de riesgo debaten incluso en la actualidad acerca de la real validez de dichos estudios, y el especial cuidado que hay que tener al interpretarlos.

 

Análisis de desempeño o riesgo usando modelos probabilísticos son generalmente buenas herramientas cuando estamos lidiando con incertezas, costos y beneficios relacionados a eventos frecuentes: tráfico en redes, colas en un banco, llegadas y salidas de buses, consumos eléctricos, etc.Sin embargo, en el terreno de eventos con bajísima tasa de ocurrencia, donde no solo las incertezas sino que también la ignorancia está muchas veces presente (ni siquiera sabemos que no sabemos), la obtención de los elementos necesarios para realizar dichos análisis es prácticamente imposible, resultando en que cualquier análisis probabilístico o de riesgo en estas circunstancias sea bastante cercano a un ejercicio de clarividencia.

 

Pero, ni siquiera es necesario pensar en un escenario catastrófico tipo Fukushima o Chernobyl, para evidenciar los riesgos de una planta nuclear en Chile. Hay argumentos asociados con la seguridad de suministro, la operación de los sistemas eléctricos, y la viabilidad económica que deben ser considerados e entregados a la opinión pública.

Lo que la evidencia empírica muestra es que la mayoría de las veces que las plantas nucleares han sido expuestas a sismos de importancia han tenido problemas. Estos problemas no significan grandes accidentes o catástrofes, sólo que la planta al ser un sistema altamente complejo, queda fuera de operación por un largo tiempo. Ya Japón tuvo serios problemas en un recinto nuclear con un sismo 6,6 hace unos años. Dicho complejo estuvo fuera de servicio alrededor de 2 años. ¿Acaso alguno de los que apuestan con tener plantas nucleares en Chile, han considerado lo poco robusto y confiable que sería el sistema eléctrico en esas condiciones?¿Que pasaría en un sistema de escala tan reducida como el chilenosi dejamos fuera de servicio por varios años plantas de gran capacidad, sacando grandes bloques de suministro por largo tiempo? ¿Quién se haría cargo de la crisis energética que eso produciría? ¿Y de tales costos?

Todos los argumentos anteriores, se suman a otros ampliamente reconocidos: los casi inmanejables costos de inversión los cuales la mayoría de las veces sobrepasan en varias veces las estimaciones iniciales, el manejo de residuos que exige vigilancia a perpetuidad, el perfil estratégico militar que eventualmente esta opción pudiese tener, el impacto de ser un “país nuclear” en otras industrias como la agroalimentaria, y finalmente la dependencia en tecnologías, infraestructura de manejo de crisis y suministro de combustible que Chile no dispone.

¿Realmente queremos como país embarcarnos en una tecnología de estas características, desacoplada de la tendencia en sistemas de energía, cara, riesgosa y ciertamente no sustentable?

 

Muchos dirán, pero son solamente estudios!, no debemos cerrarnos a estudiar. Esto es, en general, verdad. Sin embargo, en este caso en particular, ¿No es acaso mucho más sensato enfocar los escasos recursos que el país invierte en investigación y desarrollo, y destinarlos al desarrollo de tecnologías sustentables, cada vez más competitivas, donde Chile tiene realmente todo un potencial esperando ser desarrollado? ¿No es el problema energético de Chile también una gran oportunidad para empezar a desarrollar una industria avanzada y aspirar a ser líderes en el desarrollo de conocimiento, tecnologías y modelos de negocios asociados a estas materias? Lo que el gobierno decida hoy en materia energética tendrá repercusiones en el desarrollo energético e industrial de Chile por varias décadas. Esperemos, y es bueno ser optimistas, que puedan estar a la altura.

 

 

 

Del 20% al 10% de energía renovables al 2020: Chile no inventa, ni siquiera reinventa, sólo retrocede…y unos cuantos mienten.

Con este cambio brutal de objetivos los responsables directos e indirectos de las políticas eléctricas, desconocen promesas y ocultan sus propias ineficiencias. Los tiene  sin cuidado. Total controlan los medios. Y no es la primera ni será la última vez de parte de un gobierno en estas últimas tres décadas. Así se incuba la indignación.

El 1° de los ministros de Energía de este gobierno, Rainieri, y el 4° de esta dinastía, Álvarez, refrendaron explícitamente sendos compromisos respecto de impulsar un 20% de energías renovables en la matriz eléctrica al 2020. No podía ser de otro modo pues en campaña presidencial así lo prometían: “…uno de los objetivos de nuestro Programa de Gobierno es aspirar a que al año 2020 más del 20% de la matriz eléctrica chilena derive de las energías renovables, limpias no convencionales” (Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza, 2010 – 2014, p49).

Mientras los chilenos celebraban fiestas patrias, ese compromiso fue disminuido a un 10%. Golborne, el 3° de 5 ministros de Energía en dos años, ya antes sugería bajar esa meta “y ser realistas” porque “las renovables eran más caras”. Eso no le impedía el 2011 –si de opciones caras se trata- lanzar premonitorias necesidades de suministro eléctrico basadas en la opción nuclear y considerarla como una de las opciones a fomentar en Chile. Días antes de Fukushima por supuesto.

¿Qué es más grave? ¿Que no se cumpla las promesas de campaña? ¿Qué se mienta? ¿Qué se confiesen propias ineficiencia? ¿Que Chile sea más dependiente, más vulnerable y compre la energía (y venda a sus ciudadanos) cada vez más cara?

Es probable que en el campo de la energía, confundido con el tema ambiental, por razones ciertas y objetivas, pero ambiguas, y que desorienta la acción política y programática, no exista en estos años mayor regresión desde el punto de vista de la política pública y de la necesaria mirada de futuro de las políticas de Estado.

Reemplazadas éstas por las imposiciones de rentabilidad de las empresas, eléctricas, gaseras, del petróleo y de las mineras, se impone el corto plazo en desmedro de las verdaderas opciones. Se posterga la investigación y desarrollo en nuevas tecnologías; se desconocen las necesidades de cambiar los modelos de negocios, las reglas de mercado y lo que es peor simplemente se desdeñan las opciones que derivan de políticas energéticas de largo plazo, menos onerosas, más conscientes de la necesidad de cuidar nuestros ecosistemas, mares, cuencas y de la calidad del aire de nuestras ciudades.

Sin pudor alguno se cambian promesas de campaña. La respuesta a las preguntas hechas más arriba es una sola: es grave que no se cumplan las promesas e igual de grave que apuesten por un Chile más dependiente, más vulnerable, menos competitivo y tengamos que pagar tales errores y falta de visión por varias generaciones.

El mundo (desarrollado) cierra las plantas nucleares y la
Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE)
del gobierno las mantiene como opción en Chile.

La noticia en estos días dice: “El Gobierno de Japón decidió hoy establecer el objetivo de abandonar la energía nuclear en la década del 2030, en medio del debate sobre la seguridad de las centrales atómicas tras el accidente en la planta de Fukushima en marzo de 2011”. Ya antes, se habían sumado: Suiza, Italia (ambos vía referéndum), Bélgica, Alemania, Suecia. Francia largamente dependiente de ésta, reducirá del actual 75% a un 50% al 2020. Y no son los únicos.

El Informe del CADE que asesora al gobierno de Piñera señala textual en relación a centrales nucleares: “En este sentido, un PNP (Programa Nuclear de Potencia) sería un seguro estratégico que permitiría garantizar el suministro de energético sustentable” (p.172. Resumen del Informe Ejecutivo). El CADE está conformado por los mismos de la carretera pública eléctrica y de la mantención de las reglas del juego en el mercado eléctrico que nos lleva de crisis en crisis cada 4 años. No podría ser de otro modo pues se trata de ex ministros, asesores de eléctricas y mineras, y académicos “apoyados” por estas mismas empresas para que justifiquen opciones tomadas de antemano. El actual estado de cosas, las reglas del juego del mercado eléctrico, es demasiado rentable como para permitir su cambio.

El propio Presidente Piñera declaró el 2011 que: “no construirá ni decidirá  plantas nucleares durante su gobierno” (el promedio en el mundo para su construcción toma…entre 20 y 30 años y normalmente 10 a 15 veces los presupuestos originales) pero, señaló, se continuará con “estudios para conocer mejor esa energía, en capacitar mejor a nuestro ingenieros y en perfeccionar nuestra institucionalidad”, en la misma tónica del gobierno de Bachelet que durante su campaña presidencial firmó un acuerdo de rechazo a esta opción y con los mismos subterfugios de hoy terminó concediéndole su apoyo de facto. O al menos así actuó diligentemente el Ministro Tokman y sus asesores.

La lista de admiradores de la opción nuclear en Chile es larga: Gilisasti, la Sofofa, las mineras, El Mercurio, La Tercera, varios ex funcionarios de la Concertación y Golborne, si, si, el mismo pre-candidato presidencial de la derecja quien hablaba maravillas de la opción nuclear en TVN, desde Francia y Bélgica…días antes del desastre de Fukushima?

¿Será necesario insistir que es una opción que debe ser enterrada y confinada a perpetuidad como sus propios residuos? En Chile nunca se sabe, pues pese a las evidencias de que vamos para otro lado que el mundo desarrollado, se mantienen acá los incrédulos respecto de lo que pasa en el mundo de la energía, por ello se debe insistir y denunciar la opción nuclear. Andrés Concha de la Sofofa por ejemplo, niega el cambio climático (El Mercurio, 6 de febrero del 2012) pero participa activamente en los ejercicios oficiales inútiles y sin futuro por mejorar la imagen de la industria chilena respecto de su creciente huella de carbono y de agua. Digno de ripley!

Lo preocupante en este panorama positivo en el mundo de cierre de centrales nucleares, es que en Chile, (país telúrico) los mismos –o casi- que preconizan esta opción, son los que se arrogan decisiones inconsultas como la carretera eléctrica pública, el cortoplacista SIPCO, centrales a carbón a lo largo del litoral y ahora último, cómplices de quienes han reducido el compromiso público de este gobierno del 20% de renovables en el suministro de electricidad al 2020, a un escuálido 10%. Grave para Chile, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, de su competitividad y del estilo y forma de desarrollo. La errónea medida y su falta de visión, se suma a la disminución del presupuesto del 2012 respecto del uso eficiente de la energía, principal opción para enfrentar el suministro de energía en países desarrollados.

Imposible confiar en ese grupo del CADE que justifica hasta con segunda derivadas opciones obsoletas, peligrosas, antidemocráticas y onerosas. Peor aún, se hace política pública y se aprueban proyectos de ley en pocas semanas y que habrá que asumirlas y pagarlas por décadas y generaciones.

EL SIPCO Y LA LÓGICA DEL ARREGLO DE ESTANTERIA.

Miguel Márquez Díaz
energiainteligente Ltda.
http://eneenergia.blogspot.com

El Congreso aprobó el cambio al SIPCO. Se impone la discrecionalidad en el manejo del instrumento de Protección al Consumidor al Precio de los Combustibles. Monárquico. Falaz.  En su esencia se impone el cambio de estantería (a lo Parisi) para solucionar problemas estructurales. La decisión es pan para hoy y precios altos para mañana. Es cosa de semanas, meses en el mejor de los escenarios, pues el crudo se agota y su precio aumenta. Por cambio de estantería me refiero a que se cambian los márgenes de precios (mínimo y máximo) de 12,5% a 10% y reduce la vigencia mínima del período de promedio del precio de paridad de importación, de 3 meses a 4 semanas. En claro: el mecanismo operará según la voluntad de Hacienda y de los partidos de la Alianza y pondrán para ello un poco más de dinero para el subsidio al precio.
Lo que no se dice es que: 20% de la población seguirá pagando el grueso del impuesto específico; que una pequeña parte de ese 20% recibirá un bono con fuerte olor a electoral; que los grandes consumidores (mineras, navieras, forestales, etc.) podrán continuar recuperando buena parte del impuesto.

Y aunque Ud. no lo crea se trata de un impuesto a la energía. Pero de verdad los cambios acaban de consagrar que de energía no tiene ni enfrenta nada: los aumentos seguirán a un ritmo, probablemente más o menos pausado, según deseen los grandes productores/consumidores de crudo; la carga tributaria la seguirá pagando Ud y yo, el colectivero y el camionero, y seguirán siendo exentos los grandes consumidores; se seguirá importando crecientemente petróleo y derivados sin entregarse señal alguna de moderar/ahorrar energéticos de los que carecemos. ¿Cómo conciliar esto con los alarmantes llamados de dirigentes empresariales energéticos y mineros particularmente, ante la pérdida de competitividad del país por el costo de la energía? Señalo que el consumo de petróleo y derivados en términos físicos es más del 50% del consumo energético del país, ó 2 a 3 veces más que la electricidad!

¿Y de ambiental que tiene este arreglo de estantería? Nada. Se mantiene el “subsidio” a combustibles contaminantes y se entregan bonos con un costo social y ambiental elevado. El Congreso y el Ejecutivo, ambos, han sido consecuentes con lo que ha sido su línea en estas últimas décadas: ineficaz y corto placista desde el punto de vista energético, inequitativo desde el punto de vista social y regresivo en términos ambientales. Uff! Por lo menos existe la Corte Suprema, quien lo diría!
Y para los de espíritu crítico vean nuestra propuesta en mi blog: GEPCO + FELPAS. La alternativa existe y es buena para todos.

Del ajuste tributario al ajuste eléctrico

Mi clave para entrar a emol.cl…(El Mercurio) luego de poner el RUT, es: mientexx y para la Tercera es…tambiénxx. Fácil de recordar y mantiene la lógica. La misma con la que abordan el tema energético desde hace décadas estos medios. No debemos olvidar que continúan hablando de cuando en vez de las bondades de la opción nuclear, claro que con menos ímpetu después de Fukushima. O insisten en que las renovables son más caras pese a que planes y propuestas de energía en los países de la OCDE para el 2030 y 2050, las consagra como LAS alternativas junto al uso eficiente de la energía y el cambio de patrones de consumo.

Ayer, el tambiénxx titulaba: “Gobierno, lanzará amplio paquete de reformas en el sector energía”. En los hechos se trata de ajustes al sector  eléctrico –que no energéticos- ante la evidencia de ineficiencias e inseguridad en el aprovisionamiento en el corto, mediano y largo plazo, las presiones de las empresas eléctricas que no conformes con sus rentabilidades y reglas de juego quieren más y, finalmente, ante la premura de un tiempo que se les está agotando para hacer de la normativa un campo intocable.

El 5° Ministro de Energía en menos de dos años (será prueba de credibilidad?) y egésimo administrador de un modelo deficiente pero rentable para unos pocos, anuncia con pompa y en tono enigmático un Plan: en los hechos se trata de medidas teleguiadas por la Sofofa y especialmente de parte de la eléctricas, repitiendo o parafraseando lo ya “sugerido” por el Comité Asesor para el Desarrollo Eléctrico (CADE), hace meses atrás.

En realidad no es un Plan, es un ajuste a la normativa heredada de la dictadura y remendada en un par de ocasiones bajo la Concertación. Aparentemente los objetivos de ese Plan serán: asegurar Hidroaysén, allanar y legitimar expropiaciones e instalación de una carretera eléctrica pública, justificar platas públicas para esa carretera que de privado tendrá los ingresos, asegurar electrones a las mineras (de dónde y cómo sea) y viabilizar la mayor cantidad de centrales a carbón mientras Chile firma protocolo o acuerdos internacionales para combatir el cambio climático. Eso es en esencia el Plan.

Las ausencias y olvidos de un supuesto Plan

Primera ausencia relevante: proyecto energético que no es ambiental ni sustentable no es hoy día viable. Peor aún si se trata de megaproyectos (Hidroaysén, Castilla). Eso es así particularmente en sociedades democráticas. Y pese a las reglas de juego: los Barrancones, los Hidroaysén y antes los Alumysa, han sido o fueron rechazados por la gente y pese al apoyo de la institucionalidad. O pese a que las instituciones funcionan como les gusta afirmar a algunos. Los límites naturales de cuencas, territorios, de la calidad del aire y de uso y explotación de los de recursos naturales ha alcanzado límites insospechados y crudamente peligrosos. Una muestra: más de 30 ciudades desde la VI a la XI han sido declaradas zonas saturadas o latentes por MP2,5 con más de 4.000 muertes prematuras por año (Ministerio del Medio Ambiente, junio 2012). Responsable? La leña húmeda, en primer lugar, junto a las centrales a carbón. Alguna alusión a este tema crucial en el Plan? Cero. Calidad de vida, manejo de recursos energéticos locales y objetivos energéticos deben formar parte de un Plan. Ello no es tal.

La segunda ausencia en este pseudo Plan es Ud., yo, y la Pyme. Los responsables de la política pública -energética en particular- han dado pruebas del profundo desprecio por la opinión de la gente. Probablemente de allí deriva uno de los objetivos inconfensables (a medias) del Plan eléctrico: ponerle cerco a las reglas de juego e impedir que la gente,  la calle (aquella que temen los directores de Enersis), y que ciertos políticos lúcidos (los hay) se les ocurra cambiar las reglas de juego el 2014. Las  reglas del juego actuales no dan para más. Y las instituciones que las cobijan y ejecutan tampoco. Ni que decir de sus guardianes (CADE, ex ministros, consultores repetidamente entrevistados en mientexx y tambienxx). Así, el Plan desde el punto de vista social y político, contempla dos grandes objetivos: por un lado dar satisfacción a las eléctricas y de paso a COPEC, o sea complacer a las controladoras del mercado eléctrico y de derivados del petróleo (del diesel en particular), y un segundo bloque pleno de señales livianas o casi: la geotermia por aquí,  unas cuantas tímidas señales relativas a las renovables por allá y recibiendo a bravos pero ingenuos ambientalistas que aún creen en el consenso con las eléctricas y los controladores de los mercados energéticos.

El modelo energético genera ineficiencias, concentración energética y de riqueza, inequidades, y es además sucio, no sólo en gases de efecto invernadero. Y además pueden pagar los medios de prensa mencionados. Sus crisis cada tanto, no me canso de decirlo, se amortiguan y no se transforman en colapso gracias a la categoría de rehén de la gente, la Pyme y el medio ambiente, haciendo de las crisis un negocio redondo para los conglomerados eléctricos. En su calidad de rehén, deben pagar y cada vez más, por tarifas y precios de combustibles sostenidamente al alza. Gracias a ello se mantiene no sólo el modelo sino que le otorga a la eléctricas y energéticas mayor presencia en el IPSA (“Esperamos más de 65% de aumento del capital flotante hasta US$ 8.000 millones, hoy es US$ 4.900 millones y adicionalmente esperamos que el peso en el IPSA aumente, desde el actual 6% a 10% después de la transacción”, dijo Hernán López, Director General, Endesa España; Diario Financiero, 2 de agosto, 2012).

Chile hace exactamente lo contrario a lo que hace el mundo desarrollado por responder a los desafíos energéticos y ambientales: acá se disminuye el presupuesto dedicado a las energías renovables y el uso eficiente, por el contrario en los países de la OCDE se aumenta pese a dificultades financieras; promueven la investigación y desarrollo como nunca en nuevas tecnologías, materiales y nuevos negocios, en donde sectores académicos, público y privado coexisten armoniosamente, teniendo en vista que las mejores y más eficientes soluciones no están en el sector energético sino en el tipo de ciudades que creamos o alentamos erigir, las viviendas que estimulamos construir y los procesos productivos que fomentamos. Nada de esto contiene el Plan. Lejos de ello. El Plan ofrece para el siglo XXI soluciones obsoletas y coherentes con visiones de desarrollo de los años 50. La demanda energética, el tipo de demanda que poseemos,  sectorialmente, no es tema. ¿Cómo no establecer rigidas y precisas metas de ahorro energético a la minería que concentra más del 70% del crecimiento de la demanda eléctrica en los últimos años?

Las muestras claras de gatopardismo  (cambiar algo para que nada cambie) de este pseudo Plan son claras (“Los pilares esenciales son el -sic!- mantener la política que existe"; Juan Antonio Guzmán, Presidente del CADE, entrevista en El Mostrador TV): las renovables y el uso eficiente no están realmente en la agenda, se podrá argumentar que tal o cual proyecto vio la luz, pero la verdad es que en términos reales en el presupuesto 2012 bajó en ambos casos entre un 14 y 16%. Y no se prevé urgencia para el año siguiente en esta materia según el propio gobierno; el más energía por unidad de producto, bien o servicio (PIB) se mantiene;  más energía en el corto y mediano plazo se traduce en más carbón o megaproyectos no sustentables de no fomentarse medidas alternativas; el modelo y mercado concentrado se mantiene incólume basado en el más vendo más gano; el cambio al SIPCO desapareció del debate público, siendo que el impuesto a los combustibles habría podido ser una oportunidad de ejemplo de cambio.

Al parecer, así como la reforma  tributaria que no estaba en la agenda de nadie, salvo de Marco, hoy la orden del día en el campo de la energía es ajustar lo que se pueda para mantener un modelo de desarrollo energético que se tambalea. Afortunadamente alternativas existen así como el convencimiento de cambiar las reglas del juego para que las verdaderas opciones puedan, a partir del 2014, concretarse. En ese contexto, dudo que conversar, buscar consenso con los responsables del modelo sea una buena y coherente señal.