El mundo (desarrollado) cierra las plantas nucleares y la
Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE)
del gobierno las mantiene como opción en Chile.

La noticia en estos días dice: “El Gobierno de Japón decidió hoy establecer el objetivo de abandonar la energía nuclear en la década del 2030, en medio del debate sobre la seguridad de las centrales atómicas tras el accidente en la planta de Fukushima en marzo de 2011”. Ya antes, se habían sumado: Suiza, Italia (ambos vía referéndum), Bélgica, Alemania, Suecia. Francia largamente dependiente de ésta, reducirá del actual 75% a un 50% al 2020. Y no son los únicos.

El Informe del CADE que asesora al gobierno de Piñera señala textual en relación a centrales nucleares: “En este sentido, un PNP (Programa Nuclear de Potencia) sería un seguro estratégico que permitiría garantizar el suministro de energético sustentable” (p.172. Resumen del Informe Ejecutivo). El CADE está conformado por los mismos de la carretera pública eléctrica y de la mantención de las reglas del juego en el mercado eléctrico que nos lleva de crisis en crisis cada 4 años. No podría ser de otro modo pues se trata de ex ministros, asesores de eléctricas y mineras, y académicos “apoyados” por estas mismas empresas para que justifiquen opciones tomadas de antemano. El actual estado de cosas, las reglas del juego del mercado eléctrico, es demasiado rentable como para permitir su cambio.

El propio Presidente Piñera declaró el 2011 que: “no construirá ni decidirá  plantas nucleares durante su gobierno” (el promedio en el mundo para su construcción toma…entre 20 y 30 años y normalmente 10 a 15 veces los presupuestos originales) pero, señaló, se continuará con “estudios para conocer mejor esa energía, en capacitar mejor a nuestro ingenieros y en perfeccionar nuestra institucionalidad”, en la misma tónica del gobierno de Bachelet que durante su campaña presidencial firmó un acuerdo de rechazo a esta opción y con los mismos subterfugios de hoy terminó concediéndole su apoyo de facto. O al menos así actuó diligentemente el Ministro Tokman y sus asesores.

La lista de admiradores de la opción nuclear en Chile es larga: Gilisasti, la Sofofa, las mineras, El Mercurio, La Tercera, varios ex funcionarios de la Concertación y Golborne, si, si, el mismo pre-candidato presidencial de la derecja quien hablaba maravillas de la opción nuclear en TVN, desde Francia y Bélgica…días antes del desastre de Fukushima?

¿Será necesario insistir que es una opción que debe ser enterrada y confinada a perpetuidad como sus propios residuos? En Chile nunca se sabe, pues pese a las evidencias de que vamos para otro lado que el mundo desarrollado, se mantienen acá los incrédulos respecto de lo que pasa en el mundo de la energía, por ello se debe insistir y denunciar la opción nuclear. Andrés Concha de la Sofofa por ejemplo, niega el cambio climático (El Mercurio, 6 de febrero del 2012) pero participa activamente en los ejercicios oficiales inútiles y sin futuro por mejorar la imagen de la industria chilena respecto de su creciente huella de carbono y de agua. Digno de ripley!

Lo preocupante en este panorama positivo en el mundo de cierre de centrales nucleares, es que en Chile, (país telúrico) los mismos –o casi- que preconizan esta opción, son los que se arrogan decisiones inconsultas como la carretera eléctrica pública, el cortoplacista SIPCO, centrales a carbón a lo largo del litoral y ahora último, cómplices de quienes han reducido el compromiso público de este gobierno del 20% de renovables en el suministro de electricidad al 2020, a un escuálido 10%. Grave para Chile, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, de su competitividad y del estilo y forma de desarrollo. La errónea medida y su falta de visión, se suma a la disminución del presupuesto del 2012 respecto del uso eficiente de la energía, principal opción para enfrentar el suministro de energía en países desarrollados.

Imposible confiar en ese grupo del CADE que justifica hasta con segunda derivadas opciones obsoletas, peligrosas, antidemocráticas y onerosas. Peor aún, se hace política pública y se aprueban proyectos de ley en pocas semanas y que habrá que asumirlas y pagarlas por décadas y generaciones.